LA es para todos
Para mi no hay nada más hermoso que la cantidad de personas que llaman a LA su hogar.
Somos una ciudad verdaderamente rica en diversidad y riqueza cultural. Más de un tercio de las personas que viven en LA nacieron en otro país. Yo estoy orgullosa de ser una de ellas. Yo nací en la India, antes que mi familia emigrara a Estados Unidos, cuando yo tenía apenas 6 años.
Los inmigrantes angelinos han formado familias y comunidades aquí, viven en hogares con estados migratorios mezclados, y son parte integral de nuestras comunidades, vecindarios, comercios y escuelas. Los Inmigrantes contribuyen un tercio del Producto Nacional Bruto, y los inmigrantes indocumentados contribuyen una porción sustancial de ello. 13% de los jóvenes indocumentados conocidos como “DREAMers” vive en Los Ángeles.
Sin embargo, cuando las políticas draconianas de Trump causaron daños devastadores a la comunidad de inmigrantes, los oficiales electos en LA simplemente no intensificaron la protección de estos residentes de la manera que ellos merecen. A pesar de la urgencia de la crisis que los inmigrantes están confrontando, the City Council´s Immigrant Affairs, Civil Rights and Equity Committee (donde está sentado mi oponente, David Ru) se reunió únicamente cuatro veces en el 2019, con agendas livianas que en nada han contribuido a luchar en contra de la enormidad de costos en que los residentes están incurriendo a causa de la agenda anti-migratoria federal.
Los angelinos merecen algo mejor
Como una de las ciudades más diversas en América, Los Ángeles tiene el potencial de llegar a ser una ciudad modelo para otras ciudades en lo que se refiere a proteger las comunidades de inmigrantes que encaran un gobierno federal hostil. Esta política detalla cómo podemos construir rápido y efectivamente un lugar más justo y acogedor para todos los residentes de LA.
Pasar pronto amparos legales vinculantes que nos protejan como ciudad santuario
Las políticas brutales de Donald Trump y de las brigadas de deportación del ICE han sido como regar gasolina sobre los temores de deportación y detención que siguen como sombras a los inmigrantes angelinos. Desde que tomó el mando, su oficina ha hecho muchos cambios dañinos.
Aunque algunos de los miembros líderes de nuestra ciudad han hablado en contra de la retórica anti-migratoria de Trump, se han tomado su tiempo en hacer cambios legalmente vinculantes para asegurar que los inmigrantes sean protegidos. El alcalde Eric Garcetti dijo a la prense en un momento que no sabía realmente lo que el término “ciudad santuario” quería decir, y la moción presentada al Consejo de la Ciudad para hacer de LA una “ciudad santuario” finalmente pasó hasta febrero del 2019, dos años después(!) de que fue propuesta originalmente. Aún así, la declaración fue puramente simbólica. No cambió ni siquiera una ley o práctica.
El lento caminar de las protecciones ha tenido impactos reales: en el 2017 casi un tercio de los inmigrantes residentes de LA reportaron que temían entrar a buscar cualquier servicio gubernamental porque los pondría en mayor riesgo de ser deportados. LAPD también reportó una baja en las agresiones sexuales de residentes Latinos después de la llegada de Trump, lo que atribuyeron a miedo de que interactuar con la policía los pondría en riesgo de ser deportados.
Podemos y debemos actuar rápido para detener estos miedos.
Entre las protecciones para inmigrantes vigentes en Los Ángeles está incluida la Orden 40, que ha estado en los libros desde hace décadas, y que prohíbe a LAPD preguntar o actuar sobre el status migratorio de los residentes. El alcalde Garcetti también firmó la Orden Ejecutiva 20, que manifiesta que la ciudad no puede cooperar con los agentes de inmigración del gobierno para hacer cumplir la ley de inmigración civil federal. Pero estas directrices no son vinculantes y son insuficientes.
Los Ángeles debe de ir más allá que proclamarse una “ciudad santuario”. Para proteger verdaderamente a los inmigrantes, tiene que pasar un Decreto vinculante conservando los principios de santuario en ley que prohíba a la ciudad y a los agentes del orden a participar en imponer la ley de inmigración en cualquiera de sus formas. Esta prohibición debe de incluir también:
Rehusarse a compartir información con las autoridades federales de inmigración como ICE, CBP y HSI.
Rehusarse a recolectar información sobre la nacionalidad o el lugar de origen de los residentes en cualquier momento de contacto. La ciudad de Los Ángeles simplemente no está en el negocio de recolectar información que pueda ser usado para el cumplimiento de las regulaciones de inmigración.
Prohibir a todos los agentes federales de inmigración y contratistas de ICE entrar a cualquier edificio que no sea público.
Fondear y expandir el Fondo de Justicia de LA
El Fondo de Justicia de LA fue establecido en el 2017 en respuesta a las medidas represivas contra inmigrantes que se esperaban de la administración Trump, y se encargó de la defensa legal de los residentes angelinos que estaban a punto de ser deportados. La ciudad aportó $2 millones al fondo durante dos años y el condado proporcionó $3 millones más. A pesar de las repetidas peticiones de abogados y defensores para ampliar e incrementar la financiación (tiempo que pudo haber sido mejor usado sirviendo a clientes), los líderes de la ciudad han engavetado las peticiones y han pospuesto la toma de decisiones con respecto a estos fondos para el año entrante.
No solo debemos refinanciar el Fondo de Justicia de LA, sino que debemos de ampliarlo para asegurarnos que más miembros de la comunidad estén cubiertos. Debiéramos de disponer de fondos en cantidades adecuadas para que todos los inmigrantes en peligro de ser deportados en Los Ángeles tengan el derecho a un abogado porque los angelinos debieran de poder quedarse con sus seres queridos en las comunidades donde tienen su hogar.
El fondo también fue diseñado con ciertas condiciones; en la conferencia de prensa anunciando el fondo, el alcalde Garcetti indicó que únicamente a inmigrantes “buenos y respetuosos de la ley” se le proveería acceso a defensa de deportación, mientras que aquellos residentes con antecedentes penales no pueden servirse del fondo, aún cuando hayan sido rehabilitados sin ningún estatuto de limitaciones. En agudo contraste, el Proyecto de Unidad de Familia de New York provee cobertura universal, reduciendo tanto el costo de procesos complejos de admisión como el tiempo para verificar la comprobación de antecedentes personales antes de aceptar al cliente. Efectivamente, la gran mayoría de fondos de defensa en el país no hacen este tipo de excepciones.
En un sistema criminal de justicia y de policía que penaliza excesivamente a residentes negros y latinos, esas excepciones castigan excesivamente a residentes vulnerables, viola el principio de igual protección ante la ley, y debiera ser removido de nuestro programa.
Crear un programa municipal de identificación - (Municipal ID program)
Una y otra vez, está claro que el clima nacional de sentimiento anti-inmigrante ha inducido un miedo real a solicitar servicios entre los inmigrantes que les impide participar ampliamente en nuestra vida cívica colectiva. En el 2017, el Jefe de Policía Charlie Beck indicó que menos latinos estaban reportando violencia doméstica y agresiones sexuales por el miedo de ser reportados a ICE. Localmente podemos combatir estos miedos creando un programa municipal de identificación que asegure a todos los residentes, no importando que clase de documentación tengan, para que se sientan bienvenidos, seguros, y parte de la colectividad de la ciudad.
Chicago lanzó su programa CityKey, y New York el suyo llamado IDNYC con esta idea en mente. Para calmar los miedos de que la información recolectada como parte de estos programas pudiera dañar a los residentes, el programa de identificación municipal no debiera retener la información que proveen los residentes para obtener este tipo de Identificación (ID).
Los ID’s pueden también ser usados para animar a participar en nuestra vida cívica colectiva. Tanto en Chicago como en New York, la identificación municipal viene con muchos beneficios culturales, incluyendo entrada a museos, descuentos en los comercios participantes, y otros. Cada vez más, a partir del 9/11 y el incremento de protocolos de seguridad, muchas instalaciones requieren alguna forma de identificación para permitir la entrada. Un ID municipal aseguraría que todos los residentes de Los Ángeles puedan desplazarse por la ciudad con facilidad, usen sus edificios y servicios, y accedan a servicios como bancos y bibliotecas públicas.
Una identificación municipal puede también asegurar que los angelinos usen otro tipo de servicios a nivel municipal. Por ejemplo, ya he discutido el suministro de fondos para evitar el desalojo, y soporte legal para todos los residentes de la ciudad en mi política de vivienda e indigencia. Un programa de ID municipal pudiera ayudarnos a asegurar que todos los residentes tengan acceso a estos recursos, y se sientan animados a hacerlo sin temer ser identificados por ICE.
Reformas dirigidas en la justicia penal
La ciudad también tiene que tomar acción crítica en las áreas donde los angelinos tropiezan con los mayores daños. Tenemos que reformar nuestro sistema legal para reducir la posibilidad de que los inmigrantes sean atrapados por la policía para deportarlos. Por ejemplo, las políticas nacionales requieren que las autoridades federales de inmigración tomen las huellas digitales de cualquier persona que esté bajo custodia de LAPD, lo que puede llevar a ser identificado por ICE. Los abogados locales y los defensores de inmigración reportan los casos cuando un individuo ha sido detenido por ICE poco después de ser arrestados por el LAPD, aún cuando ellos no fueran acusados de ningún crimen. Como resultado, hacer cambios en las políticas de justicia criminal son importantes para proteger a los inmigrantes. LAPD y el Abogado de la Ciudad debieran formalizar y aclarar procesos para citar a las personas por delitos menores, y no acusarlos, tomar sus huellas digitales, y arrestarlos, a no ser que sea absolutamente necesario para limitar compartir la información con ICE y poner a los residentes en riesgo.
En New York, hay guías para emitir multas civiles en vez de citaciones criminales por ofensas pequeñas como beber u orinar en lugares públicos que forman parte de una amplia reforma de la justicia criminal, que fueron también útiles para proteger del ICE a los residentes. Descriminalizar actos de pobreza y delitos menores es un método bien documentado para construir comunidades más saludables, especialmente si consideramos que nuestras comunidades de inmigrantes pueden enfrentar consecuencias extremas que no recibirían ciudadanos comunes por las mismas ofensas menores.
Justicia lingüística completa en la Municipalidad
Como ciudad que representa residentes que hablan una gran diversidad de idiomas, tenemos que estar comprometidos a proveer la información de la ciudad importante, interacción con los servicios públicos, y acceso al debate político en todos los idiomas. Por ejemplo, las reuniones recientes de la Municipalidad sobre tarifas para licencias para vendedores callejeros o no ofrecía traducción, o tenía menos aparatos traductores de los que los asistentes necesitaban. Cientos de vendedores de la calle y organizadores de la comunidad asistieron a estas reuniones para obtener información sobre las tarifas a pagar por la licencias de los vendedores, pero los asistentes tuvieron que traducirse los unos a los otros durante y después de la discusión; una verdadera desventaja en una discusión que tiene un enorme impacto en su sustento.
El potencial de un banco público
Cada angelino merece acceso a servicios financieros para cobrar cheques, hacer pagos en línea, y tener acceso a créditos blandos, especialmente para hacer pagos electrónicos en línea, sin importar su status inmigratorio. A veces los inmigrantes encuentran obstáculos para obtener servicio de banca, y hoy en día, muchas de esas necesidades las sirven los prestamistas del día de pago, repagos excesivos, y otros sistemas de banco paralelos muy caros que se dirigen a los más vulnerables con intereses y cobros exorbitantes. Algunos angelinos no pueden obtener tarjetas de débito o de crédito, lo que hace la vida en este siglo cara, si no imposible.
El pasar la Ley de Banca Pública (Public Banking Act) permite a las ciudades y los condados de CA a crear bancos públicos que pueden ocuparse de algunos de estos asuntos. Un potencial Banco Municipal de Los Ángeles pudiera proveer acceso limitado para cobrar cheques, y asegurar cuentas de crédito para los angelinos sin banco, incluyendo a los inmigrantes indocumentados y los indigentes, en conjunto con el LADP y el servicio postal. AB 857 le permite a las ciudades establecer bancos públicos expresamente con propósito social para ofrecer créditos y productos bancarios en asociación con bancos de la comunidad y cajas de ahorro y préstamo, y hasta servicios directos a consumidores cuando la banca privada falle en cubrir las necesidades de la comunidad.
Muchos de las funciones de pagos al menudeo necesarios son hoy en día parte del negocio diario de las oficinas del correo, y pueden ser fácilmente añadidas a las funciones de LADWP. Cualquier costo para proveer dichos servicios pudiera ser pagado por cargos a los usuarios, los cuales serían mucho más bajos que lo que cobran los prestamistas, y se compararían con las que cobra la banca privada.
Al proveerles una forma para depositar sus salarios sin cobros exorbitantes, y darles los medios para interactuar en una economía digital cada vez más prevalente, una banca pública pudiera asegurar que los residentes indocumentados de Los Ángeles participaran de lleno en una economía en crecimiento.
Ayudemos a que todos los angelinos a prosperar
A la vez que los derechos de los inmigrantes en este país se encuentran atacados diariamente, Los Ángeles tiene la oportunidad de definir como se vería un mejor futuro para nuestro país. Y tenemos el poder para hacer ese futuro realidad sin esperar a que el Congreso o un nuevo Presidente actúen.
Solo necesitamos a personas en el poder con una clara visión de cambio.
Como una inmigrante a este país, ya tengo una inmensa gratitud por las oportunidades que me han ofrecido, y estoy comprometida profundamente a usar los poderes del gobierno de nuestra ciudad para asegurarme de que estamos luchando para que todos los angelinos tengan la capacidad de prosperar.